El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres han exigido a todos los partidos políticos su apoyo “sin fisuras” a la renovación del artículo 49 de la Constitución Española porque ni la terminología empleada ni el contenido “están alineados con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad”.
Esta es la principal reivindicación que la plataforma de la discapacidad resalta en un manifiesto publicado con motivo de la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad , que se conmemora cada 3 de diciembre .En este sentido, desde CERMI recuerdan que la Constitución Española de 1978, en vigor actualmente, incorporó expresamente a las personas con discapacidad en el artículo 49, lo que supuso “un gran avance” en cuanto a la visibilidad que otorgaba al movimiento de la discapacidad y a la promoción y protección constitucional de sus derechos. Sin embargo, lamentan que, tras cuarenta años, la Carta Magna no haya actualizado su mirada sobre las personas con discapacidad , ya que, de hacerlo, “se mejora a sí misma y ahonda y extiende sus principios, valores y mandatos”.
Tal y como explican desde CERMI, la reforma propuesta, que ha sido “ampliamente” debatida, destierra expresiones “hirientes e insostenibles” para referirse a las personas con discapacidad , como, por ejemplo, el término ‘disminuidos’. Así, dota de un nuevo contenido al artículo “con arreglo a los conceptos, valores y propósitos que hoy configuran un entendimiento y práctica apropiados de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, mencionando expresamente a las mujeres y niñas con discapacidad”.El proyecto de reforma llegó a las Cortes Generales en primavera y espera ser debatido y tramitado en los próximos meses, si reúne las mayorías suficientes . En este contexto, reclaman a todos los partidos políticos y, en especial, a “aquellos que han mostrado reticencias”, a que se sumen a la primera reforma del texto constitucional “que viene de la mano de las personas con discapacidad y de sus familias” y cuyo objetivo es “hacer de nuestro país un proyecto más sugestivo y decente de vida en común”.
