El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó este viernes a los poderes públicos una “protección reforzada, más intensa”, a las personas con discapacidad y sus familias en las medidas que se adopten contra los efectos de la pandemia de coronavirus, por la “posición de mayor necesidad objetiva que este grupo social presenta”.

“Como medida instrumental, hay que garantizar la accesibilidad a los contenidos informativos y comunicacionales que las autoridades públicas están dirigiendo a la población general sobre la pandemia. Si la comunicación no es universalmente accesible, los mensajes de salud pública no están llegando a toda la ciudadanía en una situación de emergencia nacional, con lo que se perjudica a las personas con discapacidad”, afirma el CERMI.

Respecto de las medidas de fondo, el movimiento de la discapacidad exige a las comunidades autónomas, como responsables de los servicios sociales que, durante las clausuras, cierres y suspensiones de servicios, etc., la financiación de la Administración pública continúe, y no se haga recaer el “quebranto económico sobre las entidades que gestionan esos servicios sociales de atención a personas, por delegación pública, como si se las castigara cuando se trata de una situación de fuerza mayor”.

En relación con una posible prestación transitoria de Seguridad Social que se cree para los progenitores que deban permanecer en domicilio cuidando a sus hijos cuyos colegios o centros de atención social hayan cerrado, el CERMI pide que se incremente un 25% si estos tienen reconocida discapacidad, por el mayor sobrecoste que comporta la atención a las situaciones de discapacidad.

En el ámbito de la inclusión laboral, y respecto de los centros especiales de empleo de iniciativa social que se vean cerrados o en cese de actividad obligada, el CERMI plantea que se eleve transitoriamente la subvención del salario mínimo interprofesional por cada trabajador con discapacidad de especiales dificultades de inserción al 65 %.