Plena inclusión reclama al Ministerio de Educación y a las Comunidades Autónomas un Plan de Garantía Educativa que impida una vuelta a las aulas en la que se vuelva de empeorar la inclusión educativa de miles de estudiantes con discapacidad. Esta petición se traslada a las administraciones públicas junto a una batería de propuestas, un día antes de la reunión que mantendrán los máximos responsables de la educación del país para coordinar medidas frente a la COVID-19 en el curso que se inicia la próxima semana.
De acuerdo con un estudio de Plena inclusión, en España hay un 20% de familias con un hijo o hija con discapacidad. Su renta es un 25% más baja que la media nacional y, sin embargo, asumen el sostenimiento económico del 96% de los apoyos que sus hijos necesitan. En relación con su educación, el tiempo que les dedican a apoyar las tareas escolares resulta muchas veces incompatible con el desarrollo de sus actividades laborales. Además, la mayoría no cuenta con recursos tecnológicos adaptados para seguir las clases online cuando la educación no es presencial.
Frente a esta situación y ante el inicio de un curso que se prevé marcado por medidas excepcionales proponen:
- Asegurar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos (ya sean públicos o concertados) cuenten con: un refuerzo del personal docente; al menos un profesional sanitario que coordine las acciones preventivas relacionadas con la COVID-19; material tecnológico adaptado para el alumnado con discapacidad; la financiación necesaria para adaptar los espacios a las nuevas medidas de seguridad e higiene exigidas.
- Priorizar la asistencia presencial del alumnado con NEE (130.000 chicos y chicas, según el Ministerio de Educación) dada la necesidad de apoyo docente intensivo y a la falta de dotación tecnológica adaptada.
Además, exigen:
- Medidas de conciliación familiar que garanticen a las familias la opción de solicitar bajas remuneradas.
- Medidas de apoyo docente adaptadas a las necesidades del alumnado con NEE en el caso de que se imponga la necesidad de una nueva cuarentena en el hogar.
- Coordinación entre las administraciones estatales, regionales y locales respecto a la puesta en marcha de protocolos de seguridad.
- Seguimiento de las necesidades de los centros educativos en el ámbito regional y local, que garanticen el apoyo ante situaciones de rebrotes de la pandemia.
