Plena inclusión, organización que representa a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias en España, y AEDIS,  patronal de entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de atención a personas con discapacidad, instan a los gobiernos autonómicos a que se comprometan a financiar el 100% de las plazas de Servicios Sociales que tienen concertadas con las entidades del sector de la discapacidad en esta situación excepcional marcada por la crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma. Esta petición se enmarca en las reivindicaciones del resto de organizaciones encuadradas en el sector de la discapacidad que pertenecen a CERMI, así como desde la Plataforma de Acción Social (POAS) y la Plataforma del Tercer Sector (PTS).

El Real Decreto-Ley 9/2020 de 27 de marzo reconoce los servicios que se prestan a las personas con discapacidad como esenciales, determinando la obligación de seguir prestándolos. Antes de la entrada en vigor de esta norma, y pese a que las CCAA ordenaron el cierre de algunos centros, las entidades de Plena inclusión han seguido prestando los servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista o parálisis cerebral y a sus familias mediante atención telefónica o virtual y, en los casos más graves, de forma presencial en el hogar.

De momento, el Gobierno central ha autorizado la aplicación del fondo de contingencia y la concesión de un suplemento de crédito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 de 300.000.000 de euros para su transferencia a las comunidades autónomas. De este modo, se reclama a las administraciones públicas el reconocimiento efectivo de estos servicios a distancia y presenciales de apoyo a domicilio que se desarrollan como alternativa de emergencia a las actividades regulares de los centros de día, ocupacionales y de atención temprana. También se pide que ayude con el suministro de EPIs, tan necesarios en este momento.