La Fundación CERMI Mujeres (FCM) acaba de pedir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que las esterilizaciones forzosas sean contempladas como una forma más de violencia sexual, en línea con la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, dentro de la futura ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Así se lo ha trasladado la presidenta de la FCM, Concepción Díaz, a la ministra de Igualdad en el marco de la celebración del pleno del Consejo de Participación de la Mujer, órgano de trabajo para la consecución efectiva del principio de igualdad y trato de oportunidades de mujeres y hombres, que se ha dado cita por primera vez tras la crisis de la COVID-19.

Durante su intervención, la presidenta de la Fundación, que ha actuado también en calidad de experta independiente, ha destacado la importancia de que esta práctica adquiera la consideración de forma de violencia sexual «para dar cumplimiento al artículo 39 del Convenio de Estambul y a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2019».

La reunión ha estado presidida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha señalado «el fuerte impacto que ha supuesto la COVID-19 y que ha visto retrasado el encuentro». Durante el mismo, se ha contado con las intervenciones de secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno.

Durante su comparecencia, Montero ha reconocido el «importante papel que ha jugado el movimiento feminista en los avances que se han llevado a cabo en materia de igualdad de género en las últimas décadas, entre los que se encuentra la creación de este ministerio».

Asimismo, ha compartido las principales líneas de trabajo de la cartera de Igualdad. «Trabajaremos en vertebrar ejes de políticas de vidas dignas de ser vividas y libres de violencia, políticas de redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados, políticas de cuidado de la diversidad, en las que las alianzas son fundamentales, así como políticas enfocadas a generar alianzas feministas», ha señalado.

Por su parte, Noelia Vera, ha tomado la palabra para hablar del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2020-2022, cuyo borrador está en proceso de revisión. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género ha asegurado que cuando este plan esté listo, será remitido a las integrantes del Consejo de participación y se establecerán vías para realizar aportaciones.

Asimismo, la directora del Instituto de la Mujer ha presentado los proyectos de desarrollo reglamentario de dos normas relacionadas con la igualdad retributiva y planes de igualdad. Beatriz Gimeno ha agradecido a los agentes del diálogo social sus aportaciones a estos textos normativos.

En esta misma línea y durante su intervención, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha presentado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, donde se refleja el preocupante dato de que «solo el 8% de las denuncias de violencia sexual procede de la propia víctima».