La Fundación CERMI Mujeres (FCM) denunció este miércoles el «ocultamiento» que sufren las mujeres con discapacidad en situaciones como los abusos, la prostitución, la vida en prisión, el VIH o en el ejercicio del derecho a la maternidad. Así lo puso de relieve la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez Narváez, durante el 13º webinario del ciclo ‘No estás sola’, titulado ‘De lo que no se habla’, donde se abordó la problemática de los abusos contra niñas con discapacidad, con la intervención de Ángeles Sepúlveda, médica forense especialista en violencia de género y fundadora de la Asociación de Asistencia a Víctimas, quien denunció la «invisibilización» que sufren estas víctimas, pese a la mayor exposición. Asimismo, criticó la «minusvaloración» que se hace de las niñas con discapacidad, pues se les da menor credibilidad.
«Para acabar con esta lacra, lo primero es romper el silencio» y «potenciar recursos sin barreras y un lenguaje y medios adaptados como militantes de los derechos humanos», agregó esta experta, quien apostilló que, «mientras existan los abusos, no lograremos la igualdad plena ni una sociedad respetuosa con los derechos humanos».
Por otro lado, la problemática de la explotación sexual fue analizada por Beatriz Sagrado, consultora de género, salud y violencia, quien denunció que «la industria del sexo sigue ligada al ocio por ese derecho asumido por algunos hombres de poseer el cuerpo de la mujer».
Deploró que «en la mercantilización del cuerpo de la mujer» se va dando cada vez una «demanda de mayor variedad, buscando lo exótico» y, es ahí donde en su opinión entra en juego la discapacidad, porque además «refuerza el deseo de posesión de los puteros». Además, alertó de los efectos en la salud física y sobre todo psíquica el hecho de estar prostituidas.
VIDA EN PRISIÓN
Mientras, Ana Belén Sevillano, responsable del Programa de Atención Integral e Inclusión Social de Plena Inclusión Castilla y León, abordó la situación de las mujeres con discapacidad en los centros penitenciarios, quien explicó que la mayoría de personas con discapacidad intelectual que están en prisión es por delitos materiales. Además, advirtió de que casi la mitad de las personas con discapacidad con las que trabajan no tienen reconocido oficialmente el grado de discapacidad, lo que dificulta que en el proceso judicial se pueda tener en cuenta esta situación y que en la cárcel puedan acudir a recursos de apoyo especializados.
Esta experta estuvo acompañada por Belinda Ponce, una mujer con discapacidad que ha estado en prisión en dos ocasiones. Calificó la vida en la cárcel como «muy dura» y comentó que desde Plena Inclusión se le ayudó a que se tuviera en cuenta su discapacidad en su día a día. Denunció que, al salir de prisión, no había recursos de atención específicos para mujeres con discapacidad, pero sí para hombres. Concluyó su testimonio celebrando que ahora tiene trabajo, «aunque tengo que tener mucho cuidado con la pandemia».
Desde Latinoamérica, intervino también una mujer con discapacidad superviviente al VIH. Un cáncer le ocasionó una discapacidad sobrevenida, y posteriormente fue diagnosticada de VIH. Fruto de esta situación, lamentó que sintió «discriminación y rechazo en su centro de trabajo. «Vivimos en una sociedad con una importante marginación, pero de esta situación no se habla, y la pandemia ha generado todavía muchas más dificultades, porque no hay suficientes retrovirales», compartió esta mujer, quien envió un mensaje de optimismo señalando que “en la vida hay que luchar y todo es posible». En este punto, CERMI Mujeres llamó a implementar programas que trabajen de manera conjunta la discapacidad y el VIH.
MUJERES VULNERADAS, PERO NO VULNERABLES
Carmen Riu, presidenta de la Asociación Donas No Estándar, impartió la ponencia ‘Cómo nos definimos y cómo nos entendemos las mujeres con discapacidad’. En ella, pidió «no hablar de mujeres vulnerables, sino vulneradas, porque como personas, nuestros derechos humanos no son vulnerables, sino que son vulnerados». Además, llamó a «no desfallecer en la lucha por la igualdad de derechos desde la sororidad», que a su juicio, «es la única forma de construir un nuevo mundo» que no esté basado en la rivalidad y la separación entre hombres y mujeres, o personas con o sin discapacidad.
Por su parte, Sandra Darce, presidenta de FEMUCADI, organización de mujeres con discapacidad de Nicaragua, relató las «graves carencias» a las que se están enfrentando las mujeres con discapacidad en su país, sobre todo en el medio rural, sin acceso muchas veces a bienes básicos como el agua potable, lo que aumenta su situación de vulnerabilidad. En este punto, resaltó la importancia de las organizaciones de mujeres con discapacidad para luchar contra esta situación, argumento que fue reforzado por la vicepresidenta ejecutiva de CERMI Mujeres, Ana Peláez, quien instó a reforzar el asociacionismo de las mujeres con discapacidad y alabó el trabajo de las entidades de este ámbito en Latinoamérica.
