El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado este martes que «España incumple de manera sistemática los dictámenes de Naciones Unidas ante casos individuales de violación de derechos fundamentales».
Así lo ha expresado el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, encargado de conducir el webinario ‘El Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: herramienta efectiva para la denuncia de casos de violación de derechos humanos’, al que han asistido telemáticamente más de 250 personas.
«Estos dictámenes deben ser atendidos como sentencias de un tribunal, cuyas conclusiones se orientan a reparar derechos conculcados, en este caso por España, al no acatar las obligaciones con el propio tratado», ha detallado.
En este sentido, la primera mujer con discapacidad en formar parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), Ana Peláez Narváez, ha explicado que el Protocolo Facultativo es un instrumento adicional que los Estados pueden ratificar de forma complementaria a la Convención Internacional de la Discapacidad para que se puedan presentar denuncias individuales por la vulneración de derechos.
Asimismo, ha puesto de relieve la necesidad de que se denuncien ante Naciones Unidas las vulneraciones de derechos fundamentales por razón de discapacidad cuando, además, a nivel nacional no se den respuestas por parte de las administraciones y los tribunales de justicia.
Además, la secretaria para Acciones Urgentes y Quejas Individuales de la Oficina de Peticiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ana Batalla, ha desgranado los procedimientos para presentar quejas ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU para que se puedan admitir a trámite y, posteriormente, se pronuncie dicho organismo.
En este punto, Jorge Cardona, catedrático de Derecho internacional de la Universidad de Valencia y exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, ha destacado que «preparar el envío de una solicitud de investigación al Comité lleva varios meses, porque implica trabajo de investigación para demostrar que hay una violación grave de derechos».
Entre los factores que se tienen que dar para que una denuncia sea admitida a trámite por el Comité, Cardona ha apuntado a la gravedad y a que la vulneración de derechos, aunque no sea grave, sí sea sistemática.
Este experto ha reconocido que «no es un procedimiento rápido y sencillo» y ha lamentado que en líneas generales, cuando se está produciendo una discriminación, no se puedan pedir medidas cautelares mientras se lleva a cabo una investigación.
En esta línea, ha recordado que España fue sometida a este proceso de investigación y condenada por el Comité de la Discapacidad de la ONU por no garantizar el derecho a la educación inclusiva, pese a lo cual, el CERMI lamenta que no haya habido “reacción” por parte del Estado español.
