Desde la declaración del estado de alarma ante la emergencia socio-sanitaria causada por el coronavirus, Cáritas viene alertando de los peligros reales que esta crisis está suponiendo para la situación de las personas más vulnerables a las que está acompañando y de los riesgos que se ciernen en su futuro más inmediato. Este es el caso de las personas migrantes y refugiadas. Por ello, ha puesto en marcha un ‘plan de choque’ que se centra en 6 medidas:

• Permitir el empadronamiento de personas extranjeras con documento de identidad de país de origen y/o pasaporte vencido, así como la renovación bianual de quienes les venza en los próximos seis meses.

El empadronamiento, que constituye una obligación y un derecho, es una herramienta básica para el diseño de las políticas públicas y la asignación de recursos humanos y económicos. Será muy difícil poder hacerlo si aumenta el número de personas “invisibles”.

• Prórroga automática por un año de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales recogidas en el título V del Reglamento de extranjería.

Junto al hecho de que mantener a estas personas en una situación de regularidad debería ser una prioridad para el Gobierno, con esta media se aligeraría de manera sencilla y operativa un número importante de expedientes hasta que la Administración pueda reorganizarse.

•  Renovación de autorizaciones de residencia, o de residencia y trabajo a menores tutelados (artículo 35 Loex, y artículos 197 y 198 del Reloex).

La situación de los menores extranjeros tutelados es especialmente sensible, porque mantener para ellos la autorización de residencia y/o trabajo va a ser extremadamente difícil en un contexto de alto desempleo como el que se avecina. Y supondría, de hecho, a que itinerarios de acompañamiento que están dando buenos resultados se trunquen. Por ello, promover la renovación de sus autorizaciones, junto a la posibilidad de que puedan obtener un empleo entre 16 y 18 años permitirá apoyar sus procesos de integración.

•  Facilitar la renovación de autorizaciones de residencia y trabajo para evitar la masiva irregularidad sobrevenida por pérdida de empleo o cotización insuficiente.

El previsible frenazo económico y la subsiguiente caída del empleo va a suponer a medio plazo la imposibilidad de renovación de muchas autorizaciones ligadas a requisitos de contratación: jornada, alta en seguridad social, etc. Esto implicaría la vuelta a la situación administrativa irregular de un grueso muy importante de personas migrantes.

Si se facilita la renovación, tendremos personas aptas y disponibles para el mercado de trabajo. No caerán familias enteras en la irregularidad y no se generaría una sobrecarga más sobre la Administración de Extranjería que, de no tomar esta medida, verá cómo aumentan de forma exponencial los expedientes de solicitud por arraigo, por ejemplo.

•  Suspender la gestión colectiva de contratación al exterior en el caso de los temporeros agrícolas y que se promueva la contratación interior.

El RDL 13/2020 de 8 de abril es una oportunidad para regularizar a personas migrantes que trabajan en el sector agrícola de manera informal. Por ello, entendiendo que la necesidad empresarial de mano de obra está justificada, se debería promover la contratación en este sector de personas en situación irregular y, de forma excepcional, habilitar el procedimiento recogido en el artículo 127 del Reglamento de Extranjería para las personas en situación irregular.

•  Concesión de residencia temporal por circunstancias excepcionales para el sector de los cuidados y la dependencia (artículo 127 del Reglamento de Extranjería).

Muchos migrantes están cubriendo de manera profesional estas necesidades, pero dentro de un mercado informal. Cáritas entiende que es una cuestión de oportunidad, pero también de reconocimiento social a un sector que se ha revelado como clave en esta emergencia. Además, se dispondría de más personal para las residencias de personas mayores o dependientes, en línea con lo que ya se está haciendo para incorporar a personas extranjeras o solicitantes de protección internacional al sistema sanitario.