El Ministerio de Trabajo y Economía Social ultima la regulación reglamentaria, mediante real decreto, del marco de incentivos para la contratación laboral de personas con capacidad intelectual límite, a fin de favorecer su acceso al empleo.

Estos incentivos se establecen para las personas con capacidad intelectual límite que pese a su necesidad de apoyos no alcanzan el reconocimiento del 33 por ciento de grado de discapacidad, quedando excluidas de las medidas genéricas de promoción de empleo destinadas a este grupo social.

Este real decreto constituye el desarrollo reglamentario de la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad, que emplazaba al Gobierno de España a regular unas medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento.

Esta propuesta fue planteada originalmente por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), haciéndola suya el Legislador, pero para que sea efectiva necesita el desarrollo posterior del Ejecutivo mediante real decreto.

El establecimiento de incentivos para la inclusión laboral de personas con capacidad intelectual límite se enmarca en el mandato del artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre empleo inclusivo en el mercado abierto.