El fundamento de las sociedades democráticas no se puede basar sobre un fondo de desigualdad y de injusticia; no puede soportar que una gran parte de la población disfrute de todos los derechos mientras que las personas trans hayan de vivir sometidas a una discriminación lacerante, que la legislación oculte y penalice la existencia de aquellas personas que no se reconocen en el sexo y género asignado al nacer.

Según los Principios de Yogyakarta, que se presentaron en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 26 de marzo de 2007, tanto la identidad como la orientación sexual de las personas no habrían de ser consideradas como una cuestión médica y no habrían de ser tratadas, curadas ni rehabilitadas.

En el Informe de Derechos Humanos e Identidad de Género de 2009, realizado por Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se planteó un rechazo expreso al protocolo médico del diagnóstico y la evaluación, se les proponía a las pesonas profesionales de la salud que no consideraran necesario el diagnóstico para ofrecer la atención médica a las personas transexuales, que se eliminara la posibilidad de la esterilización obligatoria de la terapia hormonal y las intervenciones quirúrgicas como condiciones necesarias para el reconocimiento de la identidad sexual, así como el reconocimiento de los derechos de las personas trans a todos los niveles.

En el Informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del 27 de enero de 2014 se muestra una preocupación muy especial por los suicidios entre la juventud víctima de la homofobia y la transfobia. En la Resolución del Consejo de Europa adoptada en la Asamblea del Parlamento el 22 de abril de 2015 se lamenta la situación de discriminación y vulnerabilidad que sufren las personas trans y se reconoce que es una violación de los derechos fundamentales de la persona el diagnóstico de la transexualidad como una enfermedad, e incluso se exhorta a los estados europeos a que promocionen leyes que defiendan los derechos y consigan establecer las condiciones legales y administrativas favorables para que a toda persona se le reconozca el derecho del reconocimiento de su identidad sexual, que se instauren procedimientos rápidos, trasparentes y accesibles para que las personas transexuales puedan cambiar el nombre y el sexo en los documentos de identidad.

En las recomendaciones hechas por el Parlamento Europeo, se pretende resolver la situación en la que viven las personas trans ante la vulneración de los derechos en un estado de exclusión y discriminación. Como decía el Ararteko en su Informe al Parlamento Vasco, las personas trans soportan una situación muy dificil y de grave riesgo para poder ejercer sus derechos fundamentales. La identidad sexual tiene que estar íntimamente ligada al derecho del libre desarrollo de la personalidad, parte importante del fundamento de los derechos humanos y del funcionamiento normal de las sociedades democráticas. Es fundamental, como queda reflejado en la Ley Trans Integral aprobada por el Parlamento de Andalucía en 2014, que la identidad sexual esté necesariamente unida a la dignidad de la persona y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la salud, la integridad, la intimidad y la propia imagen.

El reto consiste en emprender un nuevo modelo que rompa con el discurso de la transexualidad que se había constituido en el sistema clínico para establecer el nuevo paradigma de la diversidad, un modelo nuevo en el que las personas transexuales no sean tratadas como objeto de la medicina, sino como sujetos de derecho, de buscar las soluciones desde el punto de vista político para superar la situación de desigualdad y de vulnerabilidad en la que viven, por no ser reconocidas como ciudadanía con todos los derechos.

En este sentido, es necesaria una Ley específica, integral y que transversalmente corrija la situación injusta en que viven las personas trans, que elimine las dificultades que provocan la marginación y la exclusión social. El sistema político, que ha de facilitar la convivencia de la ciudadanía, no puede permitir que se violen los derechos en relación con la identidad sexual y expresión de género. Vivimos en un mundo de alta tecnología y de excelencia moral en el que todavía se persigue a las personas trans, en el que se les niega un trabajo y se les somete a la exclusión, la segregación y la violencia por su identidad sexual y expresión de género.

 

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