Mediante una nota de prensa, Plena inclusión Extremadura ha señalado la situación que más de 1.000 personas con discapacidad ,que viven en residencias y pisos tutelados en Extremadura, están sufriendo. Personas a las que se les está aplicando un «régimen contrario a sus derechos individuales, mediante normas generalizadoras sin tener en cuenta a la persona ni a los centros», sufriendo «un confinamiento desproporcionado«.

La asociación ha hecho un llamamiento a las autoridades, señalando además, según sus cálculos, que la aplicación de medidas de prevención frente al COVID durante el confinamiento en sus centros y servicios ha supuesto un aumento del 30% del coste por plaza. Una razón de más para impulsar los planes de contingencia acordado por las administraciones, que deben ir acompañado de «recursos suficientes» para realizar todas las medidas con garantías de urgencia y seguridad.

En esta línea, denuncia públicamente el «impago de las subvenciones» con las que se financian sus centros, pues desde el 1 de enero y hasta este 19 de agosto «no se han pagado aun, provocando una situación económica caótica que no obedece a la pandemia».

Plena inclusión Extremadura cuenta con una red de 17 residencias en la región, además de siete viviendas tuteladas, en los que residen más de 630 personas.