Plena inclusión España se ha dirigido por carta a Dolores Delgado, fiscal general del Estado para informarle sobre las consecuencias no previstas generadas por las medidas recogidas en el ‘Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19‘ presentado por el Gobierno a mediados de julio y que tiene una alta incidencia en la actividad de las residencias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

La mayor confederación española que trabaja defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) estima que cumplir estos requisitos representa un gasto añadido de 15.000.000 € al mes. Plena inclusión gestiona 1.016 centros residenciales en los que conviven cerca de 17.000 personas con discapacidad intelectual. Varios a de sus residencias han recibido oficios de fiscalías provinciales exigiendo información sobre la aplicación de las medidas preventivas.

Las normas, que tienen como fin prevenir cualquier tipo de contagio, han generado un enorme impacto económico y organizativo no previsto en las entidades que gestionan estos centros. Entre las exigencias destacan la puesta a disposición de residentes, trabajadores y visitantes de equipos de protección recomendando que se disponga de un stock de al menos un mes; la realización de PCRs a trabajadores y residentes; sectorización de las instalaciones en unidades de convivencia más reducidas, etc.

«Entendemos que todas estas medidas son urgentes y necesarias y por ello las estamos implementando. Lo que las administraciones públicas no han contemplado es que su aplicación exige de recursos adicionales que las entidades que gestionan las residencias no tienen«, denuncia Santiago López, presidente de Plena inclusión España.