Asó lo ha señalado Plena inclusión España, que saluda, por fin, que el Parlamento haya iniciado el proceso para eliminar del Código Penal el supuesto que permitía la esterilización involuntaria o forzada de las personas con discapacidad, en su mayoría mujeres con discapacidad intelectual, por autorización judicial. La mayor confederación española que trabaja defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) señala esta iniciativa del Congreso como «una conquista que llega tras la lucha de años del movimiento de las personas con discapacidad con el CERMI Mujeres a la cabeza».
Para Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena inclusión y activista en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la abolición de la esterilización forzada supone «restaurar un derecho fundamental que se ha violado durante demasiado tiempo». En opinión de Paredero, quien fue víctima de joven de una esterilización no elegida, «este es un gran momento para muchas de nosotras porque se hace justicia. Miles de mujeres hemos sido privadas de nuestros derechos reproductivos con el consentimiento de los poderes del Estado». Y añade: «la justicia debe ser igual para todas sin importar la discapacidad o capacidades que tengas».
Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, añade otra propuesta: «estamos seguros de que esta reforma tendrá éxito, pero no podemos olvidar que el pleno respeto a la ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’ de la ONU implica que esta eliminación debe venir acompañada de medidas que garanticen que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dispongan de los apoyos necesarios para poder ejercer su maternidad o paternidad».
Derecho a una sexualidad plena. Además, hay otras cuestiones fundamentales de las que se habla poco y que están relacionadas con la sexualidad de las personas con discapacidad. Carlos de la Cruz, sexólogo y director del Máster de Sexología en la Universidad Camilo José Cela, entiende que debe promoverse un desarrollo completo de la sexualidad de las personas con discapacidad que favorezca su intimidad y la posibilidad de tener pareja. «Pero para lograrlo», aclara, «hay que garantizar los apoyos necesarios para que las personas puedan tomar su propia decisión en libertad y con plena responsabilidad». Precisamente De la Cruz coordinó el ‘Posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo’ del movimiento Plena inclusión en el que la organización aporta elementos que desvelan la importancia de un derecho fundamental (a una sexualidad plena), del que miles de personas con discapacidad no pueden disfrutar.
