Expertos de la ONU han lanzado una guía innovadora sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Se trata de un documento que ayudará a los países a eliminar las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan utilizar los servicios de la justicia en todo el mundo.
Las pautas son el producto final del trabajo conjunto de los tres órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos de las personas con discapacidad y además se elaboraron en colaboración con expertos en derechos de la discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad, Estados, académicos y otros actores.»Estas directrices son una importante contribución al derecho internacional de los derechos humanos, y son un aporte indispensable para lograr la justicia para todos«, dijo el presidente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Danlami Basharu.
«Por primera vez, los países dispondrán de un manual práctico sobre cómo diseñar y aplicar sistemas legales que proporcionen a las personas con discapacidad un acceso equitativo a la justicia independientemente de su papel en el proceso, a fin ajustarlos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras normas internacionales».
Las directrices describen 10 principios de acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Esto «debería ser una herramienta valiosa para todos los integrantes del sistema judicial» y «un pilar del que muchos sistemas de justicia carecían: la inclusión de la discapacidad«, afirman los expertos.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supervisa la adhesión de los Estados Parte a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hasta la fecha cuenta con 182 Estados Parte. El Comité está integrado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que prestan servicios a título personal y no como representantes de los Estados parte. Las observaciones finales del Comité constituyen una evaluación independiente del cumplimiento por los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del tratado.
