El Gobierno ha iniciado este martes la consulta pública para que los ciudadanos y las entidades sociales puedan opinar durante el plazo de un mes sobre una ley estatal de Servicios Sociales que garantice una protección mínima en el conjunto del territorio español.

En la actualidad, existe una gran pluralidad en la organización de los servicios sociales en cada territorio, competencia de las comunidades y que han regulado a través de leyes autonómicas, lo que genera diferencias en la oferta de servicios que se ofrecen a la ciudadanía según el lugar donde vivan.En el texto con el que se abre la consulta se argumenta que «la creación de un marco legal estatal para los servicios sociales permitiría avanzar hacia unos servicios sociales universales, consagrando el derecho subjetivo de la ciudadanía a contar con esa cobertura y protección, y facilitar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno».

El objetivo de la norma estatal sería la de establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el derecho a las prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales, estableciendo la garantía de un contenido mínimo común de derechos en cualquier parte del territorio del Estado español.