El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado este martes al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco y a su directora General, Carmen Gayo, su preocupación ante el riesgo de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) «desdibuje» prestaciones sociales ya existentes, como las pensiones no contributivas o la ayuda por hijo a cargo. En este sentido, ha pedido su mediación para que estos dispositivos no desaparezcan ya que son «el salvavidas» para muchas niñas y niños con discapacidad.
Así lo ha expresado el delegado del CERMI para los Derechos humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, durante la reunión en la que se han abordado las circunstancias que exponen en mayor medida a las personas con discapacidad y sus familias a la pobreza y la exclusión social, como la falta de oportunidades en la educación, la violencia y el debilitamiento de mecanismos de protección social.
Durante el encuentro, Martín ha hecho alusión al último informe de EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) en el que se aportaban datos esclarecedores en relación a la tasa de personas con discapacidad en situación de pobreza, situándose en torno al 35,5%.
Y es que, ha continuado, «si unimos pobreza y discapacidad obtenemos un binomio perturbador puesto que las personas con discapacidad soportamos más gastos y menos ingresos».» Tener una discapacidad supone hacer frente a cuestiones de accesibilidad, salud o medicamentos y por supuesto, tenemos menos oportunidades de acceso al mercado laboral, lo que hace que aumente el riesgo de pobreza», ha asegurado. Por eso, ha pedido que los programas que se emprendan de este organismo, sean accesibles e inclusivos a este colectivo.
NIÑAS CON DISCAPACIDAD
En el encuentro también ha participado la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Ana Peláez quien ha recalcado que «las políticas de infancia no tienen en cuenta el sexo, la discapacidad ni la interseccionalidad» y que la educación es otro de los factores «preocupantes» porque «incrementa el riesgo de pobreza en niñas con discapacidad».
En este sentido, Peláez ha alertado de que «el abuso sexual y el bullying que sufren estas niñas con discapacidad a partir de la adolescencia hacen que las decisiones de abandono del sistema educativo sean mayores lo que termina provocando una enorme pobreza que se ha endurecido durante la pandemia».
INFANCIA Y SALUD MENTAL
Por otra parte, el vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González, ha incidido sobre los efectos nocivos que las situaciones de pobreza producen en la ciudadanía, especialmente en la infancia, adolescentes y jóvenes, al tiempo que ha avisado del incremento de los problemas de salud mental cada vez a edades más tempranas. Así, ha recordado que «los datos oficiales apuntan que la salud mental es la primera causa de discapacidad en menores de 18 años, situación que se ha agravado por la pandemia». De esta forma, ha explicado que uno de cada cuatro menores que ha sufrido aislamiento por COVID-19 tiene problemas de ansiedad o depresión.
Para hacer frente a esta situación, González ha instado a reforzar las medidas de «promoción de la salud mental en la infancia y sobre detección precoz» de discapacidad psicosocial y ha pedido la implantación de una asignatura sobre educación emocional en la enseñanza. Precisamente, sobre la atención sanitaria y el diagnóstico, ha exigido una «mayor implicación» de las administraciones para proporcionar una atención integral y no recurrir a la «sobremedicación o tratamientos inadecuados que cronifican la situación».
