A propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma civil y procesal que busca eliminar del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada por tratarse de «figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que ahora se propone». De este modo, propone sustituir la «incapacidad» e «incapacitación» de las personas con discapacidad por el reconocimiento de la «discapacidad».

La ley consta de siete artículos y persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje.