La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA celebra el inicio del trabajo, la pasada semana por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en una proposición de ley de modificación del Código Penal cuyo objetivo es terminar con las esterilizaciones de personas con discapacidad.
Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), «esta Comisión constituirá la ponencia encargada de debatir e informar la proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente».
Comienza así la tramitación de la iniciativa legislativa, inspirada por el movimiento Cermi Mujeres, y cuyo contenido forma parte de una reivindicación que desde hace años han puesto sobre la mesa las mujeres con discapacidad.
En el caso de las mujeres con una discapacidad psicosocial, la situación empeora debido al estigma social que sufren atribuido a los problemas de salud mental. La Comisión de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA recoge cada año todos los casos de este tipo, a través de su Informe Anual sobre los Derechos Humanos en la Salud Mental en España, e igualmente, es una de las denuncias que ha puesto sobre la mesa la Red Estatal de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos.
Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y responsable de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, explica que «las mujeres con discapacidad psicosocial son presentadas bajo la sombra de mitos contrapuestos muy arraigados en el ideario colectivo como son la `buena madre´ y la `loca peligrosa´. Por ello, se sitúa como una especie de `subcategoría´ aparte, susceptible de sufrir prácticas como la esterilización forzosa o el aborto coercitivo que, pese a ser contrarias a las Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, en nuestro país a día de hoy siguen siendo legales».
Trayectoria y enmiendas
La proposición de ley se presentó hace unos meses en el Senado, de la mano del Grupo Ciudadanos, a demanda y a partir de un texto de la Fundación Cermi Mujeres. Fue tomada en consideración por una amplia mayoría de la Cámara Alta, ya que su admisión a trámite fue aprobada prácticamente por unanimidad, a excepción de dos votos en contra por parte de Vox y una abstención de Teruel Existe.
Ya en la fase actual, el grupo socialista ha propuesto añadir una nueva disposición final para que «en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales -incluidos los tecnológicos- para la toma de decisiones, recibirán la información necesaria y la documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada».
