Desde el movimiento asociativo de Plena inclusión se ha dado la voz de alarma ante la falta de apoyos de las administraciones públicas frente a los sobrecostes generados por la adaptación de sus 4.000 centros y servicios a las exigencias sanitarias de prevención ante la COVI19.
La Junta Directiva de la mayor organización estatal que trabaja con personas con discapacidad o del desarrollo (síndrome de Down, parálisis cerebral y TEA) y sus familias, denunció ayer que «las exigencias planteadas por las autoridades sanitarias suponen la contratación de nuevo personal y un incremento importante de gastos imprevistos para adaptar todas las instalaciones y adquirir EPIs». «Nunca antes, en el más de medio siglo de historia de nuestro movimiento asociativo, habíamos vivido una situación tan crítica», subraya Santiago López, presidente de Plena inclusión España. «Somos conscientes de que vivimos una emergencia social y precisamente por ello, las administraciones públicas deberían garantizar las condiciones de atención a los colectivos más vulnerables. Y, desgraciadamente, esto no está ocurriendo».
La organización que agrupa a 935 asociaciones en las que trabajan 40.000 profesionales denuncia el abandono institucional. «Desde el verano, con el inicio de la segunda ola de la COVID19, hemos venido recibiendo requerimientos de las fiscalías provinciales exigiendo la adaptación de instalaciones que implica aumento de personal para cumplir con las normas de prevención ante la pandemia fijadas por las autoridades sanitarias», explica Juan Pérez, vicepresidente de Plena inclusión España. «Y, sin embargo, nuestras federaciones autonómicas no encuentran interlocución en la mayoría de las comunidades para establecer de qué modo nos van a ayudar en el sostenimiento de unos gastos imprevistos que están llevando a nuestras asociaciones a una situación financiera desesperada», remarca Pérez.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión Canarias y miembro de la Junta Directiva de la confederación manifiesta otra inquietud: «Nos preocupa también la inseguridad jurídica en la que quedan nuestras entidades, ya que tienen que dar respuesta a esta crisis con un respaldo normativo sólido. Y no tenemos garantía de que sea así».
