Que nadie se quede atrás en lo que se refiere al pleno acceso a la información, a la comunicación, y a los recursos y servicios disponibles para la ciudadanía. Esta es la reivindicación que la Confederación Estatal de Personas Sordas ha realizado para que la lengua de signos tenga presencia en las políticas públicas.

De esta manera, Concha Díaz, presidenta de la CNSE, exige el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas sorda y destaca que pese al amplio reconocimiento legislativo y social con el que cuentan las lenguas de signos en España, «sigue habiendo quienes intentan menospreciarlas y relegarlas a un injusto segundo lugar«.

Por ello, urge a que las administraciones públicas se apliquen, «de una vez por todas», en el cumplimiento de la legislación en materia de lengua de signos evitando que «vuelvan a vulnerarse los derechos de sus usuarios, cuestión que se ha puesto de relieve y acrecentado durante la pandemia, y a la creación de una normativa específica sobre las lenguas de signos desde la perspectiva de los derechos lingüísticos, ya que de ellas dependen la igualdad de oportunidades de este colectivo».

Por último, la CNSE insiste en la necesidad de garantizar su protección y preservación incorporándolas en la Constitución Española al mismo nivel que el resto de las lenguas, e incluyéndolas en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. «Las lenguas de signos nos necesitan tanto como nosotras, las personas sordas, las necesitamos a ellas», advierte su presidenta.