La Fundación CERMI Mujeres (FCM) considera que el hecho de que la legislación española siga contemplando las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, práctica que sufren sobre todo las adolescentes y mujeres, demuestra que «todavía se nos ve como ciudadanía de segunda categoría, menos merecedora del disfrute de ciertos derechos».

«Se trata, en efecto, de una mancha en nuestra legislación, incomprensible desde una mirada de derechos humanos», sostiene la secretaria general del Patronato de la FCM, Pilar Villarino, en una entrevista con la publicación ‘Cermi.es semanal’. Se puede acceder a todos los contenidos de la edición 398 en este enlace.

Eso sí, Villarino precisa que «los últimos avances legislativos invitan al optimismo», en alusión a que el Senado aprobara por casi unanimidad la admisión a trámite de una proposición de ley de Ciudadanos para erradicar del Código Penal la excepción que sigue vigente y que permite las esterilizaciones no consentidas, previa incapacitación judicial.

En cuanto a la situación generada por la pandemia, la también directora ejecutiva del CERMI Estatal alerta de que «la emergencia sanitaria y social está afectando de manera desmedida» a las mujeres con discapacidad. «Hemos denunciado multitud de vulneraciones de derechos, vinculadas a los problemas en la atención sanitaria, a los cuidados y al respiro familiar, a la atención educativa, a la accesibilidad… Sin embargo, la mayor afectación en esta emergencia social ha sido, sin duda, el elevado riesgo de violencia doméstica y sexual, que sufren las mujeres y niñas con discapacidad y las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, obligadas durante días, semanas y meses a convivir confinadas con su agresor», abunda Villarino.

Ante el proceso de reconstrucción, avisa de que las mujeres con discapacidad quieren ser «parte activa», puesto que «los efectos devastadores de la pandemia obligan a repensar modelos caducos que deben ser sustituidos por otros presididos por la innovación social».