Ante la pandemia de COVID-19 y las crisis producidas como consecuencia de ello, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores ha enviado al Gobierno un documento con propuestas concretas para las fases de desescalada y control del riesgo y medidas de acción de futuro para transformar el sistema de atención y cuidados. Con este documento, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores pone de manifiesto algunos aspectos de vital importancia para garantizar la salud, la vida, los derechos y la dignidad de las personas mayores.
En este sentido, las organizaciones piden que todas las residencias de mayores cuenten con equipos de protección y se realicen test PCR y análisis serológicos a todas las personas mayores y trabajadores de las residencias de mayores y otros trabajadores y trabajadoras de atención domiciliaria.
Además, se recuerda los pacientes deben ser tratados en unidades aisladas y dedicadas específicamente a pacientes con COVID-19, para evitar la propagación de la enfermedad. Se deben establecer de instalaciones intermedias para las residencias en las que resulte imposible salvaguardar la salud de la comunidad de mayores y trabajadores por la presencia de alguna persona con COVID-19. Como principio general, salvo complicaciones que requieran hospitalización, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recuerda que las personas deben ser cuidadas allí donde viven, con el soporte sanitario adecuado de la sanidad pública a la que contribuyen con sus impuestos.
Por otro lado, entre las propuestas más destacadas de este documento, se encuentra la elaboración de un “plan de choque” de refuerzo de los servicios profesionales de atención domiciliaria, teleasistencia y recursos en residencias, al menos mientras dure el riesgo de la pandemia del coronavirus, así como la reforma de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Además, se propone la aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores y la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores y a hacer efectivos sus derechos.
Respecto al Servicio de Atención Domiciliaria, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recomienda configurar un conjunto de servicios integrados, que incorpore la atención sanitaria de los equipos de atención primaria, el apoyo a las familias, la teleasistencia, centros de día, la supresión de las trabas para la asistencia personal y la participación del voluntariado, entre otros.
Asimismo, es necesario fortalecer y garantizar la inspección y el control de las administraciones en los servicios públicos y concertados de atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, así como apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro, frente a entidades con fines lucrativos para concertar y/o cubrir servicios sociales.
Por último, las organizaciones que forman parte de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recuerdan que se debe garantizar el derecho a la sanidad pública de todas las personas mayores, independientemente de donde vivan, y piden al Gobierno que apoye de forma decidida una Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores por parte de Naciones Unidas.
