La Asociación de Personas Afectadas por la Deducción de Gastos en Guarderías en el IRPF lleva más de un año luchando para hacer realidad una de tantas medidas de conciliación y promoción de la mujer que están sólo escritas en el papel, pero interpretadas de forma ineficaz, al menos así lo expresa su Presidenta y cabeza visible que ha liderado este movimiento desde su propia experiencia personal como madre, pero también desde la profesional: Elena Manzano, es Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura . Conocemos de su mano, más de cerca esta problemática, así como la propia asociación que se ha fundado con el objetivo de asesorar y ayudar a las madres afectadas a reclamar la deducción de estos gastos.
Aquellas madres con hijos menores de tres años, solamente por cumplir esta condición y trabajar, tienen derecho a deducirse, en su declaración de la renta, un total de 1200 euros al año. Se trata, según nos explica Elena Manzano, de una medida, a la que tenemos derecho cualquier madre y que lleva vigente ya bastante tiempo. “Forma parte de la deducción por maternidad y tenemos derecho cualquier madre, tanto autónoma como asalariada”.
De lo que se trata ahora pues, sería de ir un paso más adelante y lograr aquello que realmente pertenece a este grupo de población y por lo que están actualmente luchando estas mujeres. Elena Manzano apostilla que “Junto a esta medida, debería caber la posibilidad de poder deducir aquellos instrumentos de conciliación que normalmente utilizamos. Por ejemplo, las guarderías, el contratar a una persona que cuide de nuestro hijo o hija, etc. Entonces, muchas Comunidades Autónomas establecieron algo parecido, denominado Deducción por Gastos en Guardería”. Lógicamente y debido a la actual forma de vida que llevamos, este aspecto ha comenzado a proliferar en muchos territorios y en el año 2018, aparece un nuevo movimiento a este respecto: “el Estado propone mejorar esos 1200 euros que ya le son reconocidos a las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, con otros 1000 euros más, cuando los lleven a guarderías o a Centros de Educación Infantil Autorizados. Así, la Ley de Renta cambia, modificando la Ley de Presupuestos en la que se contiene esta medida y dando un paso más hacia la conciliación y la promoción de la mujer en el mercado laboral”.
Sin embargo, tras esta aprobación aparece el gran problema: “pese a que entra en vigor en junio de 2018 resulta que en diciembre de ese mismo año se modifica el Reglamento de Renta y se regula una parte que va destinada a los centros donde pide que se les comuniquen los datos y la autorización de la Administración Educativa competente con la que cuenten. Esa mínima referencia de “Administración Educativa” anula absolutamente todo lo anterior, ya que la Administración Educativa es la propia Comunidad Autónoma, con lo que todas aquellas guarderías que no tengan autorización de la Administración Educativa no se incluyen. Así, todas las madres que lleven a sus hijos a estos centros no pueden realizar la deducción”.
Elena Manzano además de abogada es madre y fue precisamente por eso, que cuando presidía la guardería de la Universidad, al revisar la documentación, descubrió esta casuística y se puso en marcha. Por el camino, además, se han ido uniendo otras mujeres en su misma situación y el testimonio parece que cuenta con un argumento de peso y legitimidad real. “Yo debo cumplimentar el modelo que le vamos a mandar a hacienda junto con el resto de las madres y en el modelo concreto número 233, veo que hay que rellenar un código. Pienso entonces que todo está en regla puesto que contamos con la pertinente autorización municipal y demás, pero me entero, investigando, de que se nos exige la autorización por parte de la Comunidad Autónoma. Explicamos que no puede ser y que por ejemplo, casi todas las guarderías privadas de Cáceres, solo cuentan con autorizaciones municipales. Los colegios concertados pues sí que la tienen pero no por ser o contar con una guardería, sino por su condición de concierto”.
Tras desvelar la caja de Pandora de esta situación, Manzano redacta un artículo explicando los pormenores y lo envía a los medios para que todo esto se sepa y trascienda. Cuando el asunto comienza a tomar forma apareciendo en medios nacionales, muchas madres y también guarderías de todo el país comienzan a ponerse en contacto con ella para hacer frente común y luchar por esta causa. “Entonces, constituí una asociación nacional que aparece ya inscrita en el Registro de Asociaciones y que es gratuita. Se llama Asociación de Personas Afectadas por la Deducción de Gastos en Guarderías en el IRPF. Actualmente tenemos página web, cuenta en Facebook y en Instagram. En ella, prestamos asesoramiento a todas esas madres para guiarlas en cómo deben reclamar este derecho. Nosotros confiamos en que tenemos una línea de argumentación muy sólida que se centra en que la ley no dice que se deba contar con autorización autonómica. Estos son nuestros principios que los compartimos con las asociadas para que, frente a esa resolución que les dice “NO”, ellas combatan, o bien por vía administrativa que tiene carácter gratuito, o bien por la vía judicial en la que varias madres vamos a movernos y que estamos ya asumiendo desde la asociación. En esta última vía, se necesita abogado y procurador, pero entre nosotras, por fortuna, existen muchas que estamos sensibilizadas con todo este tema y dispuestas a llegar hasta el final. Hasta el Tribunal Supremo si hace falta””.
Este próximo enero hará un año que se puso en marcha la asociación y tanto Elena Manzano, su cabeza visible, como el resto de mujeres que la forman, son conscientes de que este será un largo proceso. De hecho ninguna de ellas, según confirma Manzano, ha llegado aún a los Tribunales Superiores de Justicia. Pero están seguras de su legitimidad y, aunque saben que a ellas ya no les va a beneficiar, quieren lograr que se cumpla ese derecho y que las madres y las familias que vienen detrás puedan sentir que viven en una sociedad un poco más equitativa y justa.
