El derecho a la salud centrará la IV Conferencia Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad 2020, evento anual que repasa la agenda política de las mujeres y niñas con discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres (FCM).

Así lo ha anunciado la entidad en su boletín mensual ‘Generosidad’, en el que informa que, por primera vez, este encuentro se desarrollará de forma telemática, a partir de la plataforma Zoom, los días 23 y 24 de septiembre de 16.00 a 18.00 horas. El cuestionario de inscripción está disponible en el siguiente enlace.

Asimismo, la FCM avanza que contará con la participación de los principales responsables políticos en materia de sanidad, así como de expertas independientes y representantes de organizaciones sociales en los diferentes diálogos interactivos, que profundizarán en la situación actual y la atención a las mujeres y niñas con discapacidad.

En esta nueva edición, se presentará, además, el informe de derechos humanos 2019 ‘El derecho a la salud de las mujeres y niñas con discapacidad’, elaborado por la consultora de CERMI Mujeres, Esther Castellanos, que estudia en esta ocasión a la salud y a la atención sanitaria de este sector de la población femenina, por ser un ámbito especialmente expuesto a vulneraciones e infracciones.

Por otra parte, la publicación, que puede accederse al completo en este enlace, denuncia en su editorial que «las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo invisibles en los instrumentos internacionales que prohíben la trata de personas, como la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado o el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños«.

En este sentido, se explica que las mujeres y niñas con discapacidad tienen más posibilidades de ser víctimas de las redes de tráfico de personas, debido a la falta de acceso a la educación, al empleo y el riesgo significativo de pobreza.

Al respecto, se propone intensificar los mecanismos de protección. «Es necesario impulsar investigaciones que permitan realizar un análisis de situación, articular herramientas de toma de conciencia para denunciar este tipo de delitos, así como impulsar medidas inclusivas de atención y recuperación de las víctimas», precisa la Fundación.