El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una serie de propuestas de mejora de la regulación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuyo Proyecto de Ley se tramita en estos momentos en esa Cámara, abierto a enmiendas de los grupos políticos.
Tras expresar el apoyo y respaldo a la regulación del IMV, desde una perspectiva global, como logro y progreso de país en materia social, y de congratularse de que haya sido aprobarlo en una situación de aguda emergencia sanitaria, económica y social, el CERMI considera que como discapacidad, desde un enfoque más específico, el Proyecto de Ley tiene recorrido de mejora, para que se tiña de dimensión inclusiva con esta realidad.
Para la plataforma global de la discapacidad, entre otras cuestiones, debe darse una protección reforzada a las personas con discapacidad, como segmento prioritario diana del IMV, en términos similares a las familias monoparentales y a los hogares con menores. Esto, tanto a la entrada (incremento de la capacidad de renta/patrimonio cuando en el hogar o unidad haya una situación de discapacidad), como a la salida (aumento de la cuantía de la prestación resultante, cuando concurra discapacidad).
Además, según el CERMI, ha de suprimirse la exigencia de plena capacidad de obrar para los titulares del ingreso, ya que resulta contraria a los mandatos de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, al excluir por razón de capacidad jurídica.
Se ha de revertir también la exclusión de ser perceptor del IMV cuando la persona con discapacidad reciba una prestación residencial (residencia, vivienda tutelada, de apoyo, etc.), ya que disponer de habitación y alimentación, no agota el proceso de inclusión de la persona, que necesita recursos para su sociabilidad comunitaria.
Otra cuestión propugnada por CERMI, pasa por prever una regulación flexible del IMV para que los perceptores de las pensiones no contributivas de incapacidad puedan optar entre unas y otras en función de lo que les resulte más favorable.
Igualmente, se plantea reconocer expresamente a las entidades del tercer sector de acción social como entidades colaboradoras de la Seguridad Social en la mejor gestión de la prestación (IMV).
Otro bloque relevante de propuestas, tienen que ver con la reversión de los aspectos lesivos en materia de prestaciones familiares de Seguridad Social (reordenación de la regulación vigente), en las que hay riesgo de pérdida para las familias de personas con discapacidad respecto del nivel de protección existente en este momento.
El CERMI confía en que el Gobierno y los grupos parlamentarios asuman estas demandas y las traduzcan en modificaciones legales que refuercen y amplíen para las personas con discapacidad el IMV, como prestación dirigida a reducir la pobreza extrema y a promover la inclusión social de la persona.
