COCEMFE BADAJOZ se suma a la reclamación que hace la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) al Congreso de los Diputados para que modifique el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, para que en lugar de prohibir establezca un marco regulatorio que defina la financiación por parte de la industria farmacéutica de actividades realizadas por asociaciones de pacientes.
En este sentido nuestro presidente nacional Anxo Queiruga ha indicado: «Como entidad con mayor representación del país de personas con discapacidad física y orgánica, que engloba a las principales organizaciones de enfermedades crónicas y que representa a uno de los colectivos más vulnerables durante la pandemia, desde COCEMFE solicitamos al Gobierno que garantice medidas de sostenibilidad de las organizaciones de pacientes, con independencia de la procedencia de su financiación, siguiendo criterios éticos y de transparencia y aplicando el régimen sancionador existente en los casos en que sea necesario para garantizar que no existe conflicto de intereses». También recuerda que «las asociaciones trabajan con las personas más vulnerables y juegan un papel muy relevante en la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de millones de personas con discapacidad y enfermedades crónicas en España».
También, la vicepresidenta de COCEMFE Estatal, Eva Pérez Bech, explica que «restringir la financiación de las asociaciones de pacientes en un momento como el actual pone en riesgo la sostenibilidad de las organizaciones que prestamos un servicio esencial a miles de personas con discapacidad y enfermedades crónicas».
COCEMFE BADAJOZ en línea con COCEMFE Estatal valora positivamente que el dictamen recoja que la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de avanzar en la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con propuestas como adaptar el marco normativo para garantizar la efectividad de todos los derechos de las personas con discapacidad y revisar el sistema de atención institucional dando prioridad a la garantía de la permanencia en el hogar.
