El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno, a través del Ministerio de Consumo, que se regule legalmente en la normativa estatal la figura del consumidor vulnerable, para dotarlo de una protección reforzada a la hora de ejercer sus derechos plenos como consumidor y usuario y preservarlo de los abusos y vulneraciones a los que son más proclives.

Así lo han planteado el CERMI, en sus alegaciones en el trámite de consulta pública previa al Anteproyecto de reforma de la Ley General de Consumidores y Usuarios, texto legal en revisión en estos momentos.

Dentro de esa nueva categoría legal de consumidor vulnerable, tendrían que estar incluidas necesariamente las personas con discapacidad y las personas mayores, que están más expuestas a la quiebra e infracción de sus derechos por cuanto el mercado de bienes, productos y servicios carece de condiciones de accesibilidad universal, dificultado enormemente su desempeño como consumidores protegidos.

La legislación general española de consumidores y usuarios no ha establecido hasta ahora un estatuto del consumidor vulnerable, bien por razones sociales, económicas o personales, que se enfrenta al mercado de bienes, productos y servicios desde una posición de mayor fragilidad.

Una vez definido en sede legal, como demanda el CERMI, el consumidor vulnerable gozaría de una protección más intensa, contando con el acompañamiento reforzado de los poderes públicos en la defensa de sus derechos.