El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y los CERMIS Autonómicos han abordado este miércoles los principales retos del sector de la discapacidad en la etapa de reconstrucción que se debe emprender tras los graves efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, tanto a nivel estatal como territorial.

En un encuentro telemático, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha elogiado el trabajo de las plataformas autonómicas de la discapacidad: «En una situación tan dura, no solo habéis estado a la altura, sino por encima incluso de lo que cabía esperar», ha reconocido.

También ha puesto de relieve la importancia de que desde la ciudadanía se marque la ‘X Solidaria’ del IRPF’, dado que contribuye a que las organizaciones sociales y de la discapacidad puedan apoyar a millones de personas en riesgo de exclusión.

Por otro lado, se han expuesto las claves del documento ‘Propuestas del movimiento CERMI para un plan de transición hacia una nueva normalidad en la cartera de servicios destinados a las personas con discapacidad’. Con este instrumento, se plantea el marco, los principios, las pautas y la secuencia que, a juicio del movimiento social de la discapacidad, deberían seguirse por parte de las administraciones sociales estatales, autonómicas y locales, y de las organizaciones sociales colaboradoras de las redes públicas, en el proceso de transición hacia la reanudación de los servicios sociales, paralizados, suspendidos o reducidos, en lo más crudo del estado de alarma decretado para luchar contra la pandemia.

Por último, en el encuentro, los diferentes CERMIS Autonómicos han expuesto las principales preocupaciones en cada territorio, que pasan, entre otras cuestiones, por la necesidad de garantizar la sostenibilidad del tejido asociativo de la discapacidad y de los servicios que se prestan a estas personas.

También han incidido en la necesidad de retomar paulatinamente los servicios destinados a las personas con discapacidad y sus familias, siempre incluyendo las medidas que salvaguarden la seguridad de las personas trabajadoras y voluntarias y de las usuarias, así como en la relevancia de la interlocución entre la sociedad civil y las administraciones para avanzar hacia la nueva normalidad sin dejar a nadie atrás.