Este miércoles, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha mostrada ,a través de todos los partidos, un apoyo unánime a la proposición de ley que modifica el Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, una práctica que sufren sobre todo las adolescentes y mujeres. La reforma busca eliminar el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal que, en la actualidad, despenaliza las esterilizaciones no consentidas, previa autorización judicial.
La propuesta que fue impulsada por el movimiento CERMI y presentada por Ciudadanos ha sido aplaudida por Fundación CERMI Mujeres (FCM) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Para el movimiento CERMI, «es un momento histórico en la legislación española sobre derechos de las personas con discapacidad, especialmente para las mujeres, que eran las más afectadas». En su opinión, «el activismo de las mujeres con discapacidad ha logrado un hito, que es desterrar del ordenamiento jurídico la esterilización forzosa, que todavía permanece en muchos países, incluso europeos, evidenciando la fuerza de una sociedad civil con capacidad de propuesta, persuasión y convicción política».
Por otra parte, el movimiento CERMI celebra que, «una vez más, la discapacidad haya sido un elemento cohesivo y un motor de tracción al consenso, tan lastimado en líneas generales en la vida política española».