Hoy miércoles 17 de junio, el Senado debate la tramitación de una ley que regula la lectura fácil. Se trata de una medida para facilitar la accesibilidad cognitiva de las personas con dificultades de comprensión y comunicación, y mejorar el acceso a la información y comunicación.
Promovida por el grupo parlamentario de Ciudadanos, la iniciativa supone una modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, a fin de regular con mayor claridad la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Fue impulsada por el senador Tomás Marcos y está inspirada en las demandas y reivindicaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
CERMI Y PLENA INCLUSIÓN PIDEN APOYO A LOS GRUPOS
Plena Inclusión y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) piden a todos los grupos parlamentarios del Senado que apoyen este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos que plantea modificar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para incorporar la regulación de la accesibilidad cognitiva en el Estado español.
«La accesibilidad universal es una realidad evolutiva que va ampliándose y perfeccionándose conforme a las demandas sociales, transformación que ha de tener su reflejo en la legislación en materia de derechos de las personas con discapacidad, que ha de ir acompasándose a los nuevos horizontes y requerimientos de la accesibilidad», defienden Plena Inclusión y CERMI.
De ser tomada en consideración por el Senado, como espera el movimiento social de la discapacidad, se iniciaría el camino legislativo para actualizar la Ley General de Discapacidad de 2013. Del Senado, pasaría inmediatamente al Congreso, donde se tramitaría como cualquier proposición de Ley, con posibilidad de enmiendas, aprobación en Comisión y Pleno, y remisión al Senado, para segunda lectura, aprobación en esa Cámara y devolución al Congreso, en caso de haber introducido cambios, para ratificación final y entrada en vigor.